Bruselas investiga el 'pacto de no agresión' entre Telefónica y PT

El Economista. (24-1-2011)
La Comisión Europea ha anunciado hoy el lanzamiento de una investigación formal para determinar si el acuerdo entre Telefónica y Portugal Telecom para no competir entre sí en sus respectivos mercados nacionales hasta el 31 de diciembre de este año vulnera las normas de la UE sobre prácticas comerciales.

La apertura de la investigación no significa que Bruselas disponga de pruebas concluyentes en cuanto a la existencia de alguna infracción, ni prejuzga el resultado final de las pesquisas, pero sí conlleva la tramitación prioritaria del caso, según ha explicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
De confirmarse que existe un pacto ilegal, la Comisión podría imponer fuertes multas a las dos operadoras.

Por la compra de Vivo

El acuerdo de no competencia en el mercado ibérico de las telecomunicaciones se concluyó el año pasado, cuando Telefónica se hizo con el control exclusivo del operador brasileño Vivo, hasta entonces sociedad conjunta de ambos operadores. La Comisión dispone de una copia del acuerdo y de la cláusula de no competencia, cuya validez se extiende entre septiembre de 2010 y el final de 2011. El pacto relativo a la empresa brasileña no se ve afectado por la investigación, ha precisado el Ejecutivo comunitario.
Además, Bruselas investigará el alcance y los efectos de la cooperación entre las partes en España y Portugal antes de la transacción de Vivo en 2010.
En concreto, en 1997, Telefónica y Portugal Telecom firmaron un acuerdo de cooperación referente a los mercados exteriores a la UE, que notificaron a la Comisión. Ahora, el Ejecutivo comunitario "procurará determinar si esa cooperación encerraba algún tipo de estrategia de no competencia que afectase a los mercados de la UE y, en particular, a los de España y Portugal, antes incluso de la firma de la cláusula de no competencia como parte del acuerdo Vivo".
La conclusión de las investigaciones sobre conductas contrarias a la competencia no está sujeta a ningún plazo legal y la duración del procedimiento depende de una serie de factores entre los que se cuentan la complejidad del caso, la medida en que las empresas en cuestión cooperen con la Comisión y el ejercicio de los derechos de defensa.